viernes, 22 de abril de 2011
35º aniversario del golpe militar de 1976. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
lunes, 28 de marzo de 2011
La muerte de Massera, símbolo de la represión ilegal
Estaba internado en el Hospital Naval. La muerte se produjo alrededor de las 16 horas del 8 de noviembre de 2010. Emilio Eduardo Massera, uno de los integrantes de la Junta Militar que comandó el golpe de Estado de 1976, falleció en el Hospital Naval donde permanecía internado. Tenía 85 años. miércoles, 23 de marzo de 2011
Primeras medidas de la Junta Militar
Fuente: Revista Siete Días Ilustrados, N° 458, 26 de marzo de 1976.
"Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada, en forma irrefutable, la imposibilidad de recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro." Así comenzaba la proclama que, en la madrugada del miércoles 24, fue propalada por todas las radioemisoras del país. Más adelante, el documento aludía al "trascendente compromiso" asumido por las Fuerzas Armadas y formulaba una convocatoria a "toda la comunidad nacional". El proceso de reorganización nacional iniciado poco antes por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea definía así el espíritu que lo anima. Las páginas que siguen testimonian los hechos iniciales del pronunciamiento militar, comandado por el teniente general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti
El primer comunicado se difundió a las 3.21 del miércoles 24, por medio de la Cadena Nacional de Radiodifusión. En él, la Junta de Comandantes Generales informaba a la población que el país se encontraba bajo control operativo de las Fuerzas Armadas y exhortaba al estricto cumplimiento de las disposiciones militares, policiales y de organismos de seguridad. Posteriormente, otro parte militar recordaba la vigencia del estado de sitio y la prohibición de realizar manifestaciones callejeras. Más tarde -y siempre firmados por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Agosti- se informaba que "el personal afectado a la prestación de servicios esenciales, queda directamente subordinado a la autoridad militar", mientras se advertía que por la índole de esos servicios: "las infracciones o deficiencias en su prestación quedan incursos en las disposiciones del Código de Justicia Militar".
Otros comunicados -los números 5 y 6, respectivamente- prohibían la navegación de cualquier tipo de embarcación civil en ríos argentinos y los vuelos en todo el territorio y aguas jurisdiccionales.
La Junta de Comandantes Generales -en su bando número 7- aclaró antes del amanecer que su intervención se efectuó "en favor del país todo y no contra determinados sectores sociales", llamando a la reflexión y exhortando al esfuerzo de trabajadores y empresarios "para lograr que las relaciones laborales se mantengan dentro de un clima de libertad y respeto". El texto de ese comunicado recomendaba a los trabajadores no escuchar incitaciones a la violencia y previno a los empresarios para que no tomaran medidas arbitrarias contra su personal.
Exactamente a las 4.40 las emisoras de radio divulgaron el octavo comunicado: la Junta de- Comandantes daba cuenta de que en el país reinaba tranquilidad y se garantizaba el normal abastecimiento de alimentos a la población.
Otras medidas
Durante las primeras horas de la mañana del miércoles, la ciudad estaba en calma y la mayoría de las actividades fabriles se desarrollaban normalmente. A esa altura del proceso se había decretado asueto administrativo y educacional, feriado bancario cambiario y bursátil y la suspensión de transferencias y el congelamiento de cuentas. Mientras tanto se responsabilizaba a funcionarios y empleados públicos de la conservación de bienes y fondos estatales a su cargo. Antes de las 10 de la mañana las radios dieron cuenta que la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas se constituiría, en el edificio Libertador, como Junta Militar.
Los partes números 15 y 16 comunicaron que quien causare lesiones graves o muerte del personal militar y de las fuerzas de seguridad, será recluido por tiempo determinado o penado con la muerte. "Se han creado en todo el territorio del país -dio cuenta el comunicado 15-, los Consejos de Guerra Especiales estables que determina el artículo 483 del Código de Justicia Militar, los que aplicarán el procedimiento sumario establecido en los artículos 481 a 501 del Código de Justicia Militar". Igualmente se castigará con reclusión hasta quince años al que cometiere cualquier violencia con el personal de las fuerzas de seguridad y el "que atentare con armas contra buques, aeronaves, cuarteles o establecimiento militar o de las fuerzas de seguridad", pena que puede llegar a reclusión por tiempo determinado o muerte si se produjeran lesiones graves del personal militar o de seguridad.
Ideario
A las 10.40, al asumir el poder los comandantes generales anunciaron once resoluciones, contenidas en el "Acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar". En ese documento se declara caducos los mandatos del presidente de la Nación, gobernadores y vicegobernadores, interventores federales, diputados y senadores nacionales y provinciales, intendentes municipales, representantes y concejales. También se removieron los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los integrantes de los tribunales superiores provinciales y se suspendió -entre otras medidas- la actividad política o gremial. Finalmente, el Acta informaba que se notificaría de todo lo resuelto y actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en el país y a las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior. El Acta señalaba que una vez efectivizadas esas medidas se designaría al ciudadano que ejercería el cargo de presidente de la Nación.
Esas medidas ponían en marcha lo anunciado a las 3.20 de la mañana en una proclama difundida por la cadena radial y firmada por los tres comandantes generales. Ese documento explicó la determinación asumida por las Fuerzas Armadas: "Esta decisión -señaló en uno de sus párrafos-, persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo y sólo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder. Es una decisión por la Patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica o sector social alguno. Rechaza, por consiguiente, la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia".
Por la tarde se difundió el comunicado número 25. En él se establecía la intervención de la CGT y CGE y el congelamiento de sus fondos, la supresión del fuero sindical y la intervención de la Cruzada de Solidaridad, a efectos de su liquidación.
Esas fueron las primeras medidas de la Junta Militar, adoptadas en medio de la expectativa pública, durante una jornada que a pesar del continuo desplazamiento de tropas en todo el país, se vivió en calma y total tranquilidad laboral: según constataron cronistas de distintos medios informativos, las zonas fabriles del Gran Buenos Aires y del interior trabajaron normalmente.
sábado, 27 de junio de 2009
El hilo que une 1955 con 1976

Existe un hilo conductor entre el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955 y el golpe de Estado de 1976: hubo una continuidad política y nombres de personas que enlazan uno y otro momento. Esa es la conclusión más importante a la que arribó el Equipo Especial de Investigación del Archivo Nacional de la Memoria que durante los dos últimos años investigó por primera vez en 54 años la masacre del 16 de junio de 1955. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, entregó ayer a la prensa el informe detallado con nombres, armas, datos de las más de cien bombas que se tiraron, localizaciones y un listado depurado de 308 víctimas identificadas de forma preliminar.
El documento de apenas ocho páginas es una revisión del caso y suma resultados de un meticuloso rastrillaje en archivos, diarios, registros de hospitales, morgues, cementerios, datos de la CGT y numerosos testimonios de familiares, enfermeros, historiadores y funcionarios de la época. A partir de esos datos, ahora se sabe, por ejemplo, cuáles son las zonas de la Plaza más bombardeadas o los misiles que se usaron. Pero como muchos de los responsables civiles y militares sobrevivieron con hidalguía a varios gobiernos y siguen en libertad, también se puede entender por qué durante tantos años la Plaza fue un lugar de muertos incómodos y anónimos.
El número de muertos identificados asciende hasta ahora a 308, de los cuales 183 tienen partida de defunción y 125 están sin partidas pero con otros documentos que vinculan la muerte al bombardeo. La cifra también reorganiza el dato original de 386 muertos, en una lista con errores y nombres repetidos.
Según el informe, en el bombardeo intervinieron miembros de la Marina y en menor medida de la Fuerza Aérea. El Ejército se mantuvo leal al gobierno por lo menos durante los siguientes tres meses. En “connivencia con sectores políticos y eclesiásticos”, las Fuerzas Armadas “descargaron sus bombas y ametralladoras” contra la población civil “como forma de implantar el terror y el escarmiento, para lograr la toma del poder”.
Se hallaron fotografías de aviones que llevaban pintados a mano sobre el fuselaje la sigla MR (Movimiento Revolucionario) y el signo “Cristo vence” con la cruz sobre la “V”. Tiraron “más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos”. La mayoría cayó en Plaza de Mayo y Colón, y la franja de terreno cerrado entre Leandro N. Alem y Madero, desde el Ministerio de Guerra (Edificio Libertador) y la Casa Rosada, hasta la Secretaría de Comunicaciones (Correo Central) y el Ministerio de Marina.
El objetivo era “bombardear la zona céntrica de la Plaza de Mayo, para matar al presidente Juan Domingo Perón, al precio de destruir la Casa de Gobierno con todos sus ocupantes”. Pero ese objetivo se desdibuja cuando el informe compara la cantidad y zona de los muertos: sólo 12 de las más de 300 víctimas mortales (4 por ciento) estaban adentro de la Casa de Gobierno. “Ahí impactaron 29 bombas, de las que estallaron 6. El resto de las bombas, proyectiles y fusiles semiautomáticos FN de fabricación belga que los infantes de Marina estrenaron ese día estuvieron dirigidos a la población.”
En el despliegue hubo tres centenares de civiles armados en Comandos Civiles. Serían apoyo en el asalto a la Casa Rosada y actuaron en acciones colaterales como la ocupación de la Radio Mitre, en donde lanzaron una proclama que dio por muerto “al tirano” Perón.
Una de las revelaciones más impactantes es indicio de por qué nunca se investigó la masacre. Duhalde dice que el propósito era “instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Angel Zavala Ortiz, dirigente de la UCR, Américo Ghioldi del Partido Socialista y Adolfo Vicchi del Partido Conservador”. Zavala Ortiz tripuló uno de los aviones, huyó en la aeronave a Uruguay como muchos otros, volvió después del golpe del 16 de septiembre y luego como canciller de Arturo Illia acordó con el gobierno brasileño frenar el primer retorno de Perón del 2 de diciembre de 1964. Años más tarde, durante el gobierno del radical Enrique Olivera en la ciudad de Buenos Aires colocaron su nombre a la placita de Leandro N. Alem y Rojas. En tanto, Ghioldi saludó un año después los fusilamientos de José León Suárez y fue embajador en Portugal de la dictadura de Videla.
Duhalde señala que el comienzo estuvo en el 17 de octubre de 1945, y de la alianza que integró la oposición a Perón: una “coalición política y oligárquica” auspiciada por el embajador de Estados Unidos Spruille Braden y el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina Antonio Santamarina.
Pero hay otras piezas importantes: los nombres que atan 1955 con 1976. Los tres ayudantes del contraalmirante Aníbal Olivieri, ministro de Marina y jefe de la conspiración eran los capitanes de fragata Emilio Massera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Massera integró la Junta Militar después de 1976, Mayorga estuvo involucrado en la masacre de Trelew y Montes fue canciller de la dictadura. Los pilotos fugados a Uruguay fueron recibidos por Guillermo Suárez Mason, prófugo de la Justicia argentina desde su participación en el intento de golpe de 1951 y luego poderoso comandante del Primer Cuerpo del Ejército de la dictadura. Entre los pilotos y tripulantes de aviones estaba Máximo Rivero Kelly, acusado de delitos de lesa humanidad como jefe de la Base Almirante Zar de Trelew y de la Fuerza de Tareas 7 de la zona norte de Chubut. Horacio Estrada, jefe del grupo de tareas de la ESMA; Eduardo Invierno jefe del servicio de Inteligencia Naval en la dictadura; Carlos Fraguio, jefe de la dirección general naval en 1976 con responsabilidad en los centros de detención como la EMSA y la escuela de suboficiales de la Marina. También Carlos Carpineto, secretario de prensa de la Armada en 1976; Carlos Corti su sucesor y Alex Richmond, agregado naval en Asunción. De la Fuerza Aérea, Jorge Mones Ruiz fue delegado de la dictadura en la SIDE de La Rioja y Osvaldo Andrés Cacciatore luego fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires.
Por Alejandra Dandan
viernes, 25 de julio de 2008
Indultados
Letra:
¡Donde está Videla! ¡donde está Menendez!
¡Donde está Massera! ¡Donde está Galtieri!
Y la justicia, porque están libres, los que mataron y torturaron.
¡Donde está Astiz! ¡Donde está Camps!
¡Donde esta Viola! ¡donde Suarez Mason!
Y la conducta, mafia corrupta con un indulto que es un insulto.
Indultados, todos caminan por la calle.
Condenados, todos caminan por la calle.
Asesinos, todos caminan por la calle.
Torturadores, todos caminan por la calle.
Ni olvido ni perdón,
juicio y castigo, vamos las madres yo no me olvido,
porque están libres los genocidas.
Los quiero presos toda la vida.
¡Donde está Videla! ¡Donde está Camps!
¡Donde está Astiz! ¡Donde está Massera!
estan libres, mafia corrupta, con un indulto
que es un insulto.
Genocidas, asesinos,
asesinos, genocidas.
Letra y música: Kapanga.
